Una nueva controversia sacude al sistema judicial y financiero de Panamá tras la aprobación de un régimen de jubilaciones que permite a jueces y magistrados retirarse con hasta el 100 % de su último salario mensual. La medida, contemplada en el Acuerdo N.º 407 de julio de 2024, ha desatado un fuerte debate sobre equidad, sostenibilidad fiscal y la independencia institucional.
Alcances del acuerdo
El régimen aprobado beneficia de cara al retiro a los titulares del máximo tribunal: si cumplen con los requisitos, recibirán el 100 % de su último sueldo como compensación. Este fondo especial se financiará mediante una combinación: la Caja de Seguro Social (CSS) aportará el monto regular determinado por la ley de pensiones, mientras que el resto será cubierto por el Órgano Judicial a través de su presupuesto interno.
Además, el convenio define escalas distintivas: magistrados de tribunales superiores recibirán el 60 % de su último sueldo; jueces de circuito el 50 %, y jueces municipales el 40 %.
Reacciones en cadena
El anuncio provocó críticas inmediatas desde diversos sectores. El expresidente Martín Torrijos calificó el esquema como “indignante” y “una afrenta más contra la gente”, acusando a la Corte Suprema de auto-perdonarse beneficios injustificados en un contexto financiero tenso. Asimismo, el contralor general anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, justo ante quienes autorizaron la medida.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia pidió cautela y dijo que el Gobierno analiza la medida ante su impacto presupuestario, en un marco de austeridad. Reconoció que el acuerdo fue una sorpresa para la administración central y lo calificó de “contradictorio” frente a los esfuerzos de contención del gasto público.
La ubicación del CSS
En medio del debate, el director de la Caja de Seguro Social aclaró que la entidad no tiene competencia sobre esta jubilación especial. Subrayó que la CSS seguirá otorgando jubilaciones conforme a la normativa vigente y que cualquier incremento adicional debe ser asumido por el Órgano Judicial, sin afectar el presupuesto de la institución.
La presidencia del tribunal responde
La jueza principal del tribunal supremo, por otro lado, decidió no entrar en detalles sobre el tema controversial cuando fue solicitada por la prensa. Declaró que en su momento se organizará una rueda de prensa para abordar preocupaciones y enfatizó que se refiere a un programa de compensación de retiro, no a un incremento de salario ni a una expansión del personal.
El contexto nacional
La medida se adopta en un momento crítico para Panamá: el Estado atraviesa dificultades fiscales, la CSS enfrenta riesgos de sostenibilidad y el sentimiento popular exige transparencia y moderación en los gastos públicos. Muchos ciudadanos consideran que los privilegios para una elite judicial se desalinean de la realidad económica del país.
Balance preliminar
Este episodio pone en tensión los delicados equilibrios institucionales entre independencia judicial y responsabilidad fiscal. El punto crítico es si la compensación buscada ofrece una garantía legítima para preservar imparcialidad, o si se trata de un privilegio excesivo que deslegitima el sistema ante la opinión pública.
El desenlace del caso, en los tribunales y a través de decisiones políticas y presupuestarias, será fundamental para establecer el grado de implementación de esta controvertida medida y su impacto en el sistema de pensiones y las finanzas del estado.
