La igualdad formal no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. La autonomía económica y la participación en la toma de decisiones son esenciales para cerrar la brecha de género.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA subraya que, aunque el reconocimiento de los derechos legales es esencial, por sí solo no garantiza una igualdad efectiva. Con el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta fecha visibiliza la brecha persistente entre la igualdad establecida en las leyes y la que realmente viven las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La independencia económica como vía de empoderamiento
CODESPA subraya que la autonomía económica constituye un factor decisivo para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. El acceso a ingresos propios les permite participar en las decisiones de su hogar y su comunidad, además de reducir la dependencia estructural que muchas enfrentan. “La justicia para las mujeres no solo se escribe en las leyes; se construye cuando una mujer puede generar ingresos estables y participar en decisiones que afectan su entorno”, explican desde la organización.
Durante más de cuarenta años, CODESPA ha implementado programas en 34 países de América Latina, África y Asia, orientados a fortalecer la independencia económica femenina. Estas iniciativas combinan formación técnica y empresarial adaptada a cada contexto, acceso a financiación o activos productivos, acompañamiento continuo en el terreno, trabajo con líderes comunitarios y promoción de la participación femenina en espacios de decisión.
Un componente central de estas estrategias es la creación y fortalecimiento de asociaciones de mujeres, que permiten compartir riesgos, intercambiar conocimientos y mejorar la capacidad de negociación dentro de la comunidad. El objetivo no se limita al incremento de ingresos, sino que busca ampliar el poder de decisión de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su entorno social.
Cambios concretos dentro de comunidades en situación de vulnerabilidad
La experiencia en terreno muestra que el acceso a recursos y formación puede transformar la vida de mujeres y comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, afectado por la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático, María Elisa participó en un proyecto productivo diseñado por CODESPA. Al inicio apenas intervenía en reuniones, pero tras recibir formación técnica y participar en espacios de gestión colectiva durante tres años, su rol se consolidó. Gracias a los ingresos generados y la experiencia adquirida, hoy forma parte del comité de desarrollo local, influyendo activamente en la toma de decisiones comunitarias.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Rumbo a una igualdad genuina que trascienda el 8 de marzo
Aun con los progresos jurídicos alcanzados, ningún país ha logrado eliminar por completo las desigualdades de género, según señalan los principales organismos internacionales. No obstante, el debate público tiende a concentrarse en ajustes legislativos y en políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta conversación debe ir más allá: el reconocimiento legal de los derechos no es suficiente, se requiere impulsar políticas e inversiones que faciliten a las mujeres generar ingresos propios y asumir un papel activo en los procesos de decisión.
La organización enfatiza que la igualdad legal debe ir acompañada de estrategias sostenidas de inclusión económica. Solo así los derechos reconocidos sobre el papel se traducen en cambios tangibles y duraderos en la vida de las mujeres y niñas, reduciendo desigualdades históricas y fortaleciendo el desarrollo social y económico de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
